Vía France 24
Así lo confirmó un reporte del Inter-American Dialogue donde se conoció que el Departamento de Justicia estadounidense ha presentado más de 20 acusaciones por delitos contra funcionarios de la administración de Nicolás Maduro y del gobierno del expresidente Hugo Chávez, empleados de la estatal petrolera, Petróleos de Venezuela (PDVSA), además de contratistas. Gran parte de los casos fueron presentados en los tribunales federales del sur de Florida y del distrito Sur de Texas, donde algunos de los acusados tienen cuentas bancarias, bienes y otros inmuebles.
Según la presidenta de la ONG, Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (INRAV), María Alejandra Márquez, respecto al caso del extesorero Alejandro Andrade, uno de los más importantes en este sentido, recuperaron 1.000 millones de dólares, sin embargo, ese dinero no puede regresar a Venezuela ya que se considera que “el país está institucionalmente en pedazos”. Márquez aseguró que con el dinero confiscado se debería crear un fondo especial que sea administrado por el gobierno estadounidense, donde se proteja a los acreedores y sea resguardado para cuando sea posible la reconstrucción del país. En marzo de este año INRAV solicitó la creación de un mecanismo a través de una ley que permitiera canalizar los activos incautados e inició la campaña “Un Fondo por Venezuela”. Vía El Nacional.
Al mismo tiempo, organizaciones de venezolanos-americanos iniciaron la búsqueda de apoyo bipartidista para que sea aprobado un proyecto de ley en el que se establece un fondo para los activos incautados a aquellas personas que se han vinculado con la administración de Maduro y gobierno del expresidente Hugo Chávez que fueron condenadas por corrupción en EEUU. En este sentido, María Antonietta Díaz, presidenta de Venezuelan American Alliance (VAA) reiteró la importancia de conseguir el apoyo de líderes demócratas y republicanos para lograr el avance y aprobación de los proyectos. “Este es un gran primer paso, sin embargo aún falta mucho por recorrer antes de que logremos concretar #UnFondoPorVenezuela, así que el trabajo continua, no debemos bajar la guardia hasta lograr la aprobación de la ley en ambas cámaras”, expresó.
Además, Márquez pidió a aquellos interesados en apoyar el proyecto de Ley de Preservación de la Responsabilidad por los Activos Nacionales de 2021 (PANA) hacer un llamado a sus representantes y senadores para que también colaboren con dicho proyecto que pretende, luego de ser aprobado, promulgar el proyecto de ley VERDAD con el cual el Estado norteamericano se comprometió en 2019 a regresar los fondos recuperados de la corrupción a Venezuela. “Esto para que exista presión ciudadana y pase en el Congreso”, aseveró Márquez.
Anteriormente los senadores estadounidense Ted Cruz y Marco Rubio presentaron el pasado 29 de abril dicho proyecto de ley que busca utilizar los fondos confiscados de individuos corruptos a favor de los venezolanos, dicha propuesta fue impulsada por el embajador de Juan Guaidó en EEUU, Carlos Vecchio desde 2019. Los activos serían colocados en un “Fondo de Restauración de Venezuela” y posteriormente podrían ser utilizados por el Departamento de estado para el fortalecimiento de “la democracia y la sociedad civil venezolana”. “Venezuela tiene un largo camino para su recuperación y estos fondos pueden ayudar a la administración interina y a la Asamblea Nacional electa democráticamente en su trabajo hacia el objetivo común de reconstruir la democracia y un futuro próspero en Venezuela”, indicó Rubio. Vía El Nuevo Herald.
Por Génesis Peña