Seis exdirectivos de Citgo, filial de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos, recibieron arresto domiciliario, tras haber sido sentenciados a condenas de entre 8 y 13 años por corrupción
José Pereira Ruimwyk, expresidente de Citgo, fue condenado a 13 años y 7 meses de prisión por los delitos de «peculado doloso», «concierto de funcionario con contratista» y «asociación para delinquir» y además se le impuso una multa de 2 millones de dólares, 40 por ciento del «valor de los bienes objeto del delito», según una nota del TSJ. Los exdirectivos Tomeu Vadell, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas, José Luis Zambrano y Alirio Zambrano fueron sentenciados a 8 años y 10 meses por «concierto de funcionario con contratista» y «asociación para delinquir». (Vía DW)
«Están aliviados y llenos de esperanza», dijo Loreto, asegurando que no esperaban «para nada» esta medida que califica como un «gesto» del gobierno de Nicolás Maduro hacia Estados Unidos para aliviar las sanciones en su contra.
«Tiene casi 3,5 años injustamente detenido. Él no debería estar cumpliendo ninguna condena, debería estar libre en casa porque es inocente», dijo Verónica Vadell, que vive en Estados Unidos y pudo hablar brevemente con su padre. (Vía DW)
Los funcionarios fueron arrestados en noviembre de 2017 luego de ser convocados a una reunión en la oficina de Caracas de la petrolera estatal PDVSA, propietaria de Citgo. La detención de los ex ejecutivos, que incluye a cinco ciudadanos estadounidenses naturalizados y un residente permanente, ha sido un obstáculo importante en la tensa relación entre Caracas y Washington. (Vía CWW )
A los hombres se les concedió arresto domiciliario en diciembre de 2019, pero fueron llevados nuevamente a prisión en Helicoide, como se conoce a la sede de la agencia de inteligencia venezolana Sebin. Y el 26 de noviembre de 2020 fueron condenados por corrupción por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en medio de los reiterados pedidos de Washington para que sean liberados.
El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, fue uno de los que trabajan entre bastidores para persuadir al gobierno del presidente Nicolás Maduro de que liberara a los ex ejecutivos. Todos ellos, excepto uno de ellos, tienen doble ciudadanía estadounidense y venezolana.
Por Romina Rico