Vía El Diario
El pasado 13 de diciembre, en horas de la mañana, se identificaron 19 venezolanos ahogados a 6.3 millas náuticas de la costa de Güiria. El bote había partido el 6 de diciembre desde la costa venezolana del municipio Valdez, estado Sucre, con ciudadanos buscando escapar de la situación del país. Los emigrantes llegaron a Trinidad y Tobago, pero fueron devueltos desde la isla de manera inmediata y poco después el barco naufragó. Entre los fallecidos se encontraban tres niños y un bebé cuyos cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital “Santos Anibal Dominic” situado en Carúpano, estado Sucre para su identificación (Vía Panorama).
Entre los comentarios de la opinión pública destacan los de Rocío San Miguel, defensora de los derechos humanos, quien publicó lo siguiente en su cuenta twitter: “Murieron buscando libertad y un mejor porvenir para sus familias, huyendo de Venezuela en forma insegura”. Por otro lado, David Smolansky, el comisionado de la Secretaría General de la OEA, expresó vía twitter que “huyeron del régimen y Trinidad viola el principio de no devolución. Han consignado imágenes a nuestra oficina. No las compartiré por respeto a la familia. Crueldad pura” (Vía El Nacional y El Pitazo).
Por otro lado, Juan Guaidó manifestó igualmente su opinión ante la tragedia, señalando que los mismos “fueron expulsados del país por una dictadura criminal y murieron” (Vía Panorama). Durante una rueda de prensa del bloque parlamentario del Edo. Sucre efectuado el día 14 de diciembre en horas de la mañana, Robert Alcalá, miembro de la Comisión de Política Exterior advirtió sobre los peligros que existen actualmente en relación a la emigración hacia Trinidad. También llamó a la unión de los países que apoyan la democracia en Venezuela y pidió ejercer una mayor presión en la administración del país caribeño.
Carlos Valero, también miembro del mismo bloque parlamentario, aclaró que “no es un acontecimiento que todos los trinitarios aprueben, dudo mucho que la sociedad esté de acuerdo con este hecho”. Asimismo, resaltó que las denuncias que se puedan llevar a cabo de la mano de las organizaciones internacionales, como la OEA, tienen un impacto y es fundamental develar dicho acontecimiento, calificado como cruel “hacia nuestros hermanos”.
Finalmente, Alcalá y Valero indicaron también que el dueño del bote fue detenido el día 14 de diciembre en Güiria, bajo el cargo de tráfico ilegal de personas en el CICPC y queda pendiente por confirmar un posible aumento de las víctimas a 22.
Por Andreína Barboza