Vía US News & World Report
El pasado 6 de enero la administración de Juan Guaidó hizo pública una carta que se le envió a The Washington Post en relación al artículo que publicaron titulado Venezuelan opposition efforts to capture government’s foreign assets draw scrutiny (Los esfuerzos de la oposición venezolana para capturar los activos extranjeros del gobierno son objeto de escrutinio)
Vía Twitter, el Centro de Comunicación Nacional de la administración de Juan Guaidó, hizo público el envío de esta carta agregando “Nuestras acciones demuestran que contamos con mecanismos de control para detectar y rechazar cualquier gestión que pueda lesionar los intereses de la República.” (vía @Presidencia_VE)
El artículo empieza con el testimonio de Jorge Reyes. “Jorge Reyes y Pedro Antar dijeron que habían identificado hasta 40 mil millones de dólares en activos del gobierno venezolano en todo el Caribe. Las tenencias, incluidas acciones de empresas, automóviles de lujo, lujosas causas, deudas no cobradas, estaban vinculadas a la compañía petrolera estatal de Venezuela.” Reyes le contó a The Washington Post que Juan Guaidó llamó a estos hombres él mismo en abril del año 2019 para demostrar interés en estos activos. Esto derivó en una docena de reuniones con altos miembros de la oposición venezolana; estas fueron respaldadas por Estados Unidos y sus agentes.
En una reunión que se hizo en diciembre del 2019 en Miami, Reyes y Antar recibieron una carta escrita a mano, con una lista que contenía “demandas impactantes.” Estas demandas a las que se refirió Reyes incluyeron un pago por adelantado de 750 mil dólares a una compañía de Florida que, según registros estatales, pertenece a Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de la embajada de la administración de Guaidó en Washington.
Ante este primer acontecimiento, la administración de Juan Guaidó señaló en el comunicado que, para proteger y recuperar los activos de la República que se encuentran en el exterior, cuentan con un mecanismo de control que les permite “rechazar cualquier acuerdo o gestión que pueda lesionar los intereses de la República.” Asimismo, agregaron en este primer punto que han demostrado, con base en sus hechos, su compromiso con la anticorrupción y la transparencia. (vía Presidencia Venezuela)
En una investigación de The Post, se descubrieron múltiples acuerdos propuestos que involucraban a Troconis. Esto incluye un contrato prospectivo con el gobierno de Paraguay con una comisión de 26 millones de dólares para pagarle a terceros; este movimiento activó las alarmas en el equipo legal de Guaidó. José Ignacio Hernández, exfiscal general de Juan Guaidó advirtió que “Troconis estaba actuando más allá de su autoridad” cuando quiso negociar el acuerdo con Paraguay en el año 2019. De acuerdo con información obtenida por The Post, en este acuerdo, se le perdonaría la mitad de la deuda de 269 millones de dólares que Paraguay le debe a Venezuela. Según Hernández, esto se hizo sin el conocimiento de los supervisores de la industria petrolera designados por Guaidó.
Con respecto a este punto, el comunicado expone que esta situación “lejos de ser un caso de supuesta irregularidad o corrupción, es un claro ejemplo positivo de cómo el Gobierno interino desplegó oportunamente sus mecanismos para proteger los intereses de la República.” Señala que luego de que la Procuraduría Especial de Venezuela, la junta Ad-hoc de PDVSA y Juan Guaidó evaluaron esta propuesta, concluyeron que “no cumplía con las condiciones satisfactorias para la República.” Ratificaron que ningún acuerdo se llevó a cabo; además, esto también fue confirmado por las autoridades de Paraguay.
Carta enviada a The Washington Post:
Por Ángela Solá