El 13 de febrero de 2025, el juez federal Amir Ali del Distrito de Columbia emitió una orden que bloquea temporalmente la directiva del presidente Donald Trump de congelar la ayuda exterior de Estados Unidos. Esta decisión judicial responde a una demanda presentada por dos organizaciones de salud que dependen de fondos gubernamentales estadounidenses para financiar programas internacionales.
La orden ejecutiva de Trump, emitida a finales de enero, instruyó al secretario de Estado, Marco Rubio, a suspender toda asistencia exterior, exceptuando el apoyo a Israel y Egipto, y a mantener únicamente el envío de alimentos en situaciones de emergencia extrema. Esta medida generó alarma entre organizaciones humanitarias en todo el mundo que dependen de contratos con Estados Unidos para continuar sus operaciones.
Estados Unidos es el principal proveedor de ayuda exterior a nivel global, con aproximadamente 72.000 millones de dólares invertidos en 2023, lo que representa alrededor del 40% de la ayuda humanitaria mundial. La suspensión de estos fondos podría haber tenido un impacto significativo en programas de salud global, seguridad alimentaria y respuesta a crisis humanitarias en diversas regiones.
La administración Trump justificó la pausa de 90 días en la ayuda exterior como una oportunidad para revisar y prevenir el despilfarro, asegurando que cada dólar invertido contribuya a que Estados Unidos sea «más seguro, más fuerte y más próspero». Sin embargo, esta acción fue criticada por su falta de justificación y por el impacto negativo en organizaciones y comunidades beneficiarias.
Además, se informó que 50 altos cargos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fueron suspendidos bajo sospecha de resistirse a acatar las órdenes de la administración. La intención declarada por Trump y su asesor Elon Musk de desmantelar la USAID añadió más incertidumbre al futuro de la ayuda exterior estadounidense.
La decisión del juez Ali requiere que la administración notifique a todas las organizaciones afectadas y demuestre su cumplimiento con la orden judicial en un plazo de cinco días. Esta intervención judicial subraya la importancia de la supervisión legal en decisiones ejecutivas que pueden tener amplias repercusiones tanto a nivel nacional como internacional.
Este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales recientes que han bloqueado intentos de la administración Trump de recortar gastos federales y personal, reflejando las tensiones entre las ramas ejecutiva y judicial en la implementación de políticas que afectan a programas de asistencia y desarrollo.
En resumen, la intervención judicial detiene, al menos temporalmente, la suspensión de la ayuda exterior de Estados Unidos, permitiendo que los programas previamente aprobados continúen operando mientras se lleva a cabo una revisión más exhaustiva de las políticas de asistencia internacional.