Vía Paula Corzo
El ejecutivo nacional de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió la orden de traslado en cuanto a la custodia de los presos políticos en territorio nacional al ministerio de Servicio Penitenciario. La misma se estableció en la Gaceta Oficial N° 42.125del día 12 de mayo de 2021.
Aquellos detenidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), pasarán a manos de dicho ministerio. Maduro exigió que la orden se cumpliera en un plazo de 30 días, incitando a que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tomarán todas las medidas necesarias para cumplir con el mandato. (Vía El Nacional)
Según el comunicado transmitido, se expresa que “Decreto N’ 4.610, mediante el cual la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGC111), órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, deberán transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Pendenciado el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia de este Decreto”.
Por otro lado, también se especifica que ambos órganos están en la obligación de reestructurar su funcionamiento, manuales y protocolos para la buena consecución del traslado. No obstante, el documento no especifica cómo se efectuarán estos cambios.
Hasta el 17 de mayo se registraron 306 presos políticos en el país, de los cuales 127 son militares, 22 son mujeres y un adolescente.
Es importante resaltar que ambos organismos han sido fuertemente criticados por involucrarse en casos de tortura contra los prisioneros que residen en cada uno de ellos. Según la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en las sedes de Plaza Venezuela y El Helicoide se efectuaron casos de tortura, los cuales fueron denunciados por las familias de las víctimas y, no obstante, la administración de Maduro hizo caso omiso. En un comunicado de esta organización “publicado el 16 de septiembre de 2020, registraron al menos 13 casos de tortura en el Sebin, así como tratos crueles o degradantes”. (Vía Crónica Uno)
Asimismo, la ONG Provea, entre los años 2018 y 2019 la Dgcim “cometió 75 hechos de tortura de los 100 que documentaron”.
La diputada de la Asamblea Nacional opositora, Delsa Solórzano, denunció por otro lado en su cuenta de Twitter, que esta medida solo afectará más a los presos políticos, quienes se encuentran ahora en el riesgo de trasladarlos a cárceles comunes, poniendo en alto peligro su integridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió la protección de los derechos humanos por parte del Estado a aquellas personas que estén bajo su custodia en estos organismos públicos, para seguir respetando su dignidad a la vida y tener una reputación diplomática ante los demás ciudadanos.
Por Andreína Barboza